¿Y QUE TAL SI PENSAMOS EN LOS TRABAJADORES?

¿Y QUE TAL SI PENSAMOS EN LOS TRABAJADORES?

¿Y QUE TAL SI PENSAMOS EN LOS TRABAJADORES?

El mismo día en que Martín Vizcarra dirigió su lastimoso mensaje de lucha anticorrupción a causa de la exclusión de los fiscales del caso Lava Jato, y se levantara, en consecuencia, el enojo e indignación de la población, ese mismo día no dudó en publicar el D.S. N.º 345-2018-EF o la Política Nacional de Competitividad y Productividad, paquete normativo que profundiza más las bases de flexibilidad laboral en nuestro ordenamiento jurídico.

El 31 de diciembre, día de la publicación de dicho decreto supremo, Roque Benavides saludaba con gran entusiasmo la aprobación de dicha norma. ¿Casualidad? De ninguna manera. El D.S. N.º 345-2018-EF forma parte de una estrategia comercial de los países que integran la Alianza del Pacífico y que, tal como se cita en dicho cuerpo legal, vienen realizando mejoras regulatorias “con la finalidad de ampliar las posibilidades de inversión y las fuentes de financiamiento de las empresas”. [1]

En resumen, disminuir obstáculos laborales para fomentar la productividad de las empresas y que será de obligatorio cumplimiento en todas las entidades estatales, sector privado y la sociedad civil. Ejemplo de ello se puede apreciar en el Objetivo Prioritario N.º 5, en donde respecto a la indemnización por despido injustificado, señalan que el total de remuneraciones percibidas por el trabajador (cuarenta y cinco por año) difiere de los otros países de la Alianza, que solo registran veinte, vale decir, menos de la mitad. [2]

Sobre el particular, se describe una teoría de la incidencia negativa del encarecimiento de la desvinculación laboral (costo a pagar por despido) en el crecimiento de la productividad y del empleo. No contento con ello, y pese a tener todo un lineamiento normativo a favor de la sostenibilidad ambiental, enfatizan su línea extractiva solicitando el “cierre de brechas” dentro del sector minero, llamando a considerar reducir los riesgos de conflictos sociales para así fomentar la inversión privada:

“El ambiente de negocios tiene que considerar reducir los riesgos de conflictos sociales para los inversionistas privados. En el caso del Perú, el potencial minero, con una cartera de proyectos de US$ 59.134 millones debe ser promovido mediante el cierre de brechas y el acompañamiento del gobierno central en los territorios con potencial minero.” [3]

No cabe duda, la estrategia mediática que inició el 28 de julio y se trasladó el día del referéndum, así como en el liderazgo falso de la bandera anticorrupción dirigido con tanto fervor por el presidente, forma parte de un entrampado muy bien constituido y pensado en un interés ulterior y de mayor trascendencia.

No debemos olvidar que la consigna sí es contra la corrupción del Ministerio Público y el Poder Judicial, sí es contra Chávarry y el blindaje fujimorista, pero que esta no tendría ningún valor ni sentido si se descuida la defensa de los trabajadores y el respeto de la vida digna. No debemos olvidar que primero siempre han sido y siempre serán los trabajadores y que la institucionalidad existe precisamente para ellos.

Ahora más que nunca, no olvidemos que la consigna es clara y directa: Ni Chávarry, ni Vizcarra.

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[1] D.S. N.° 345-2018-EF, pág. 49

[2] D.S. N.° 345-2018-EF, pág. 56

[3] D.S. N.° 345-2018-EF, pág. 59

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  1. la oligarquia no tiene software para defender derechos laborales , la oligarquia tiene talento unicamente para montar farsas y manipular masas , nisiquiera para hacer dinero tiene talento pero eso sí hay que entenderlo desde ya, sin un gran medio de comunicacion alternativo que rivalize contra la hegemonia mediatica de esa casta, se reducen las posibilidades de liberar al pueblo de decadas de circo y chorreo neoliberal

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