LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y UNA REFORMA INSUSTANCIAL

LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y UNA REFORMA INSUSTANCIAL

POR: CÉSAR AUGUSTO ALIAGA DÍAZ

INTRODUCCIÓN

Ante la crisis integral del Estado Empresarial consagrado en la Carta Política de 1993, el gobierno, en vez de abrir un proceso constituyente como vía para refundar las instituciones, se empeñó en una reforma política insustancial que está orientada por el viejo lema conservador que indica que “cambie algo, para que nada cambie”.

Uno de los objetivos de la citada reforma se refiere a los partidos políticos, a los que se pretende democratizarlos: incorporando medidas como el de las elecciones primarias universales y obligatorias, la paridad y la alternancia de género y la obligación de transparentar sus finanzas. Reformas que en sí mismas parecen modernas y necesarias, pero que, sin embargo, no parecen responder a la actual realidad del sistema de partidos vigente. Tal parece, en efecto, que el diagnóstico que ha servido para proponer la reforma está lejos de la realidad de los partidos políticos en nuestro país. Un sistema que adolece de otros graves y serios problemas que la reforma propuesta no cambiará en nada.

Los autores de la reforma parecen partir de la idea que estamos ante un fuerte sistema de partidos políticos, los mismos que por carecer de democracia interna no estarían cumpliendo adecuadamente las importantes funciones que deben cumplir: representar y canalizar los intereses de la comunidad, participar del proceso de selección de autoridades y funcionarios, participar del proceso de priorización de las políticas públicas y educar cívicamente a los ciudadanos y al pueblo. Razón por la que requieren ser democratizados desde fuera.

Tal planteamiento no se condice, sin embargo, con las características reales del sistema de partidos vigente y por consiguiente es poco probable que la reforma propuesta mejore su funcionamiento interno y sobre todo su contribución democrática.

Veamos.

SISTEMA DE PARTIDOS VIGENTE

El sistema de partidos vigente es heredero directo del régimen constitucional de 1993, que se construyó, a su vez, sobre la crisis del régimen partidario que dio origen a la Constitución de 1979.

Como se recuerda, luego de un largo proceso dictatorial y de cambios estructurales implementados por el Gobierno de las Fuerzas Armadas de 1968 a 1980, la Asamblea Constituyente de 1979 y las elecciones de 1980 demostraron la finalización de los partidos oligárquicos (Unión Nacional Odriista, Movimiento Democrático Pradista), coincidente con el declive de la influencia política de los viejos gremios empresariales: la Sociedad Nacional Agraria y la Sociedad de Industrias. Pero al mismo tiempo, nos mostraron un sistema de partidos claramente ubicados en tres grande bloques: la derecha, con Acción Popular y el Partido Popular Cristiano; el centro con el Partido Aprista Peruano intentando reacomodarse como fuerza socialdemócrata y la izquierda con una variopinta pero activa gama de partidos fuertemente enraizados en diversos movimientos sociales que ocuparon el centro de los procesos políticos del periodo, además por supuesto de sectores que propugnaban la vía armada como propuesta de cambio social.

Ese sistema que alumbró los gobiernos de Fernando Belaúnde (1980-1985) y Alan García (1985-1990) que tras su fracaso abrieron una grave y larga crisis económica, política y moral que sólo se empezó a resolver por en 1992 cuando Alberto Fujimori, apoyado por las fuerzas armadas, impuso una solución autoritaria a la referida crisis.

La crisis sistémica abierta en los años 90 y el surgimiento del Fujimorismo como nuevo fenómeno político, forjaron, en efecto, un nuevo sistema político con un partido claramente predominante y varios pequeños partidos no competitivos que justificaron el régimen pseudo democrático que la Constitución de 1993 pretendió consolidar claramente como una “República Empresarial”.

Durante ese periodo aparecieron dos nuevos fenómenos que caracterizaron este régimen político: La proliferación de movimientos independientes, especialmente en el terreno municipal, como respuesta a la crisis de los partidos tradicionales y la presencia amenazante del outsider político, o sea la presencia de candidatos que sin pertenecer al sistema político formal pudieron aparecer y ganar repentinamente las elecciones. Ejemplos de este tipo de candidatos fueron el propio Fujimori en 1990, Ricardo Belmont en el ámbito municipal de Lima en esa misma década, Alejandro Toledo en 2000-2001 y Humala en 2006.

Este régimen concluyó entre los años 2000-2001, tras la renuncia de Fujimori, luego de intentar una segunda reelección y descubrirse la estructura mafiosa que dominó las instituciones y que generó un esquema de corrupción generalizada, conducida desde las altas esferas.

La transición del régimen fujimorista forjó lo que el politólogo Steven Lewinsky ha llamado el “Pacto Paniaguista”, un régimen político de tipo centrista que se comprometió a mantener la Constitución de 1993 y a “democratizar” el régimen, manteniendo al margen de la sucesión democrática al Fujimorismo y a las opciones “antisistema”, que se anunciaban viables desde las primeras elecciones libres de este siglo, o sea desde el año 2002. Este régimen centrista, atrajo a la derecha liberal y sectores de centro izquierda y permitió los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, PPK-Vizcarra. El caso de Ollanta Humala es muy llamativo, porque fue elegido candidato “antisistema” pero terminó siendo la tercera etapa del posfujimorismo.

En este marco se ha consolidado el actual sistema de partidos que tiene las características siguientes:

1. Es un sistema hiper fragmentado: En el Registro de Organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, tenemos inscritos: 24 Partidos Nacionales, 235 Movimientos Regionales y varios centenares de organizaciones políticas locales.[2] Un observador extranjero podría pensar, erróneamente, que con tan alto número de organizaciones políticas tenemos un fuerte sistema de partidos.

Sin embargo, la situación no deja de ser paradójica, en la medida que en los últimos años se pusieron mayores candados para el registro de partidos al elevarse el número de firmas requeridas de 76,000 hace menos de 10 años hasta más 400 000 en la actualidad. ¿Cómo lograron inscribirse tantos partidos?

Todos saben que algunos de estos partidos se han inscrito con firmas falsas o adulterando otros requisitos (Comités fantasmas). O también, que la mayoría de ellos son registros obtenidos por alcaldes de grandes ciudades o gobernadores regionales que aprovecharon las redes de clientela instaladas en su jurisdicción para conseguir las ansiadas firmas (de los partidos nacionales son dirigidos por políticos municipalistas: Alianza para el Progreso, Somos Perú, Vamos Perú, Perú Patria Segura, Siempre Unidos, Perú Libertario y Solidaridad Nacional). Otros partidos se apoyaron en redes clientelares de universidades (Alianza para el Progreso y Juntos por el Perú) o de ciertas iglesias (Restauración Nacional ligado a las iglesias evangélicas o el Frepap ligado a los “israelitas”).

2. Los partidos inscritos son, empero, partidos sin ideología y sin diferenciación programática: No es fácil distinguir la que profesa cada partido, ni se conoce tampoco sus diferencias programáticas. Muchos de esos partidos son totalmente intercambiables entre sí, pues no tienen identidades reconocibles, al punto que muchos candidatos cambian de partido en cada elección.

De los partidos nacionales inscritos, tal vez sólo el Frente Amplio o Perú Libre, podrían distinguirse por una ideología reconocible: de izquierda ecologista o de izquierda radical provinciana.

Una de las causas de esta situación tiene que ver con el amplio consenso impuesto a las propuestas neoliberales incorporadas en la Constitución de 1993 y largamente aplicadas en las políticas económicas y sociales desde hace casi 20 años, permanentemente respaldadas desde los grandes medios de comunicación social y gestionadas por una tecnocracia proempresarial, que ha tomado literalmente la conducción de los ministerios, gobiernos subnacionales, órganos constitucionales y organismos descentralizados.

De este modo, los partidos han sido sustituidos en sus funciones vinculadas a la definición de la agenda política por las poderosas maquinarias publicitarias que, al servicio de los grandes poderes fácticos, han terminado imponiendo el llamado consenso “neoliberal”. Esa dictadura mediática que demoniza cotidianamente toda alternativa popular.

3. Son partidos con existencia formal pero no real. La mayoría de los partidos nacionales no tiene representación parlamentaria ni tampoco conducen gobiernos locales o regionales, los que están dirigidos, en su gran mayoría, por movimientos regionales o locales. No cumplen, por lo demás ninguna de las funciones sustantivas propias de los partidos. Se han limitado a ser meras maquinarias electorales.

La mayoría de estos partidos inscritos ni siquiera cumplen con los requisitos de subsistencia.  Recientemente se ha publicado una nota que demuestra que, a la fecha, la mayoría de los partidos inscritos ni siquiera tienen el número mínimo de militantes.

Este sistema partidario ha generado un cada vez más empobrecido sistema de representación, en la medida que la mayoría de estas organizaciones políticas, han dejado de construirse como partidos para sobrevivir como simples facciones, impulsadas exclusivamente a la caza de puestos públicos, privilegios y otras gollerías conectadas con el manejo del presupuesto o de las concesiones o inclusive, en el peor de los casos, de vivir alquilando el registro electoral al espera que algún outsider aventurero les haga el milagro.

Los problemas de este sistema de representación política se han agravado, en los últimos años, con la imposición de varios cambios legislativos presuntamente orientados a mejorarlo, tales como la ampliación del voto preferencial congresal, la posibilidad de llevar candidatos “invitados” en las listas partidarias, las cuotas de género o de representación indígena y también la llamada “valla electoral”.

Muchas de estas medidas, en efecto, sin perjuicio de los buenos deseos, no han logrado materializarse como medidas positivas, tal como veremos a continuación:

La ampliación del voto preferencial, presuntamente orientada para romper con la “dictadura” de las cúpulas partidarias, sólo han permitido la proliferación de campañas centradas en los candidatos y no en los programas políticos, en vista que la disputa se instaló incluso al interior de cada lista. Permitiéndose así la elección de los que gastan más en propaganda. El resultado es conocido: el parlamento peruano ha reducido su calidad, porque llegaron a ser elegidos candidatos que gastaron mucho en campaña en torno a una fotografía o un nombre o un slogan “marquetero”, pero sin ninguna vocación o preparación política.

La proliferación de “invitados” como candidatos principales o para completar las listas partidarias ha permitido la mercantilización actual de los partidos, sobre todo de aquellos pequeños que, aprovechando su inscripción, se ofrecen al mejor postor, al candidato que ofrece más. Sin que, con ello, se haya mejorado la calidad de la representación política. Y este es un mal nacional, regional y local.

La cuota de género, si bien es una medida positiva para incentivar la participación de las mujeres en política, no ha pasado de ser un requisito para admitir la inscripción de las listas. A pesar de que todas ellas han cumplido con la cuota, no se aprecia, finalmente, un incremento sustantivo del número de mujeres electas. La misma situación se presenta con la cuota indígena impuesta en las listas a los consejos regionales, agravadas por el cambio en el sistema de asignación por parte del Jurado Nacional de Elecciones. En el caso de la región Cajamarca, por ejemplo, la cuota indígena exigida por primera vez en las elecciones de 2010 permitió la ampliación de 1 a 4 consejeros a la Provincia de San Ignacio, para garantizar en esa elección la presencia de 3 consejeros awajún en el periodo 2011-2014. En el periodo 2015-2018, el número de consejeros indígenas se redujo a 1. Y actualmente, en la gestión 2019-2021, no hay ningún representante indígena, a pesar de haberse ampliado el número de consejeros y exigido candidatos indígenas o campesinos en San Ignacio, Chota y Cajamarca.

La imposición de una “valla electoral” en las elecciones generales de 2016, presuntamente en su afán de evitar la dispersión parlamentaria, trajo como resultado la no elección de candidatos al Congreso que ganaron legítimamente por lo menos en dos departamentos. Y es que la valla se exigió con criterio nacional, ignorando que las elecciones parlamentarias eran por distrito departamental. Así, cinco (5) candidatos de Democracia Directa (cuya plancha fue encabezada por Gregorio Santos), que habían ganado en Cajamarca y Puno no pudieron ser proclamados porque, en el cómputo nacional, ese partido no alcanzó el 5% de los votos, ni lograron 06 candidatos electos. Por ese motivo, en Cajamarca, candidatos que habían alcanzado los puestos seis, siete, ocho, nueve y diez finalmente fueron proclamados, dejando afuera a candidatos más votados y desconociendo el voto mayoritario de esta región.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

El drama de la pobre representación política y de la ausencia de una verdadera contribución democrática de los partidos continuará sin solución alguna, porque la reforma política en curso no ha considerado ninguno de estos problemas.

Las propuestas vigentes de paridad, alternancia y la de primarias obligatorias y universales siendo, en si mismas deseables, no lograrán modificar la situación en la medida que el sistema de partidos tenga las características que hoy tienen.

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[1] Abogado. Ex vicepresidente del Gobierno Regional de Cajamarca.

[2] Las organizaciones locales prácticamente han quedado fuera del juego democrático desde las últimas elecciones municipales en las que ya no pudieron presentar candidaturas propias, permitiendo que algunos partidos nacionales, sin real presencia electoral, terminara prestando su registro para facilitar la presentación de líderes locales con los que no tienen empero identidad política alguna.

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