EL LAWFARE, Y SU UTILIZACIÓN CONTRA LÍDERES OPOSITORES

EL LAWFARE, Y SU UTILIZACIÓN CONTRA LÍDERES OPOSITORES

POR: BENITO ARROCA

El término de Lawfare es aún nuevo, apareció en el año 2001 a través del General Mayor Charles Dunlap y tomo trascendencia luego de su utilización y visibilización por la persecución judicial contra ex presidentes de tendencia progresista y de izquierda en Latinoamérica como Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Rafael Vicente Correa Delgado en Ecuador y recientemente Evo Morales Ayma en Bolivia. Donde el común denominador ha sido acusarlos de graves cargos de corrupción, tanto por los medios de comunicación y la justicia de sus países (que se han retroalimentado de datos y pruebas falsas), y que al día de hoy no han logrado probárseles en procesos judiciales instaurados en su contra. Pero la labor ya estaba cumplida que ha sido la de manchar la imagen pública de estos dirigentes populares.

Ahora bien ¿Qué es el Lawfare?, al respecto podríamos indicar que, es el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos) de modo que quede más vulnerable a las acusaciones sin prueba.

Y ¿Cuál es su objetivo?, es la de lograr que el adversario político pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción, que podría traducirse como la “judialización de la política o la instrumentalización de la justicia[1].

Bajo la sagaz visión de Charles Dunlap, la ley puede ser vista como un arma y, de la misma manera, puede ser utilizada para el bien y para el mal. Nos dice al respecto: “El derecho es muy similar a una herramienta o arma que puede ser usada apropiadamente de acuerdo a las más altas virtudes del estado de derecho – o no. Todo depende de quién lo esté manejando[2].

El Lawfare, así, demanda de tres dinámicas y un actor clave para su construcción[3]:

1.Timing político: que implica que el caso judicial (utilizado como un arma) se hace público en momentos de alto costo político para la persona o grupos que son desprestigiados.

2.Reorganización del aparato judicial: las élites con el control del aparato del Estado colocan en espacios clave a “técnicos” (abogados, jueces, fiscales) vinculados al poder de turno, para atacar al adversario político y/o prevenir situaciones hostiles que puedan provenir de éste.

3.El doble rasero de la ley: si bien pueden salir a la luz varios casos de corrupción, se “elige” seguir de cerca a unos, invisibilizando o desestimando otros.

Y los Medios de comunicación masivos y concentrados: operan como “periodismo de guerra” de modo transversal a estas dinámicas, manipulando la opinión pública al magnificar algunos casos e invisibilizar otros, a la vez que “manufacturan consentimiento” sobre la corrupción como “enfermedad” del Estado y de lo público, a diferencia de las buenas prácticas de lo privado.

Ahora bien cabe destacar que el Perú no es ajeno al Lawfare donde uno de sus objetivos es el de continuar con el modelo neoliberal también por la vía judicial. Tal es así que, el estamento judicial se eleva por encima de los poderes Legislativo, Ejecutivo y las herramientas legales se manipulan para garantizar el orden vigente el -statuo quo-, en contubernio con los grandes medios de comunicación masiva para el silenciamiento de ciertos casos y evitar la exposición de determinadas personalidades frente a la opinión pública que son los guardianes del modelo neoliberal.

A modo de ejemplo recordar, que dentro de los medios de comunicación masiva el Grupo el Comercio del clan Miró Quesada – García Miro, controla el 80% del mercado de la prensa escrita a través de ocho diarios: El Comercio, Perú21, Trome, Gestión, Depor, Ojo, Correo y el Bocón, sin contar las diversas revistas; y tienen influencia a la vez en la televisión a través de América Televisión y canal N. De esta manera su influencia se extendería a cuatro millones y medio de personas como mínimo en prensa escrita y en el plano de la televisión solo a través de América Televisión tendría la atención de un tercio de la audiencia nacional[4], son medios de comunicación que son utilizados como vehículos de influencia de los grupos de poder económico, posibilitando el predominio de ciertas visiones y discursos sobre la economía y la política, sobre conflictos sociales y su causas; siempre afines a sus intereses y su línea ideológica como refiere el investigador Raúl Wiener, periodista del diario La Primera y Jorge Luis Acevedo Rojas especialista e investigador de la Universidad Católica del Perú[5].

De esta forma en el Perú, las dinámicas y el actor clave para la construcción del Lawfare serían:

El timing político, a través del discurso que legitima la eliminación del enemigo político, a través de las persecuciones judiciales, para líderes de izquierda que se oponen al modelo neoliberal y que han puesto en debate en el escenario nacional la propuesta de una Nueva Constitución Política del Perú que sienta en el plano jurídico las bases para la conformación de un nuevo Estado Plurinacional y Multiétnico.

Tal es el caso de líderes populares como:

– Gregorio Santos Guerrero: Ex Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, a quien se le aperturó más de 100 procesos judiciales y que en la actualidad enfrenta 4 procesos judiciales acusándolo supuestamente de liderar una organización criminal, habiendo sido sentenciado, en uno de ellos, por el delito de colusisón agravada y otros en agravio del Estado, a 19 años y 4 meses de prisión efectiva por haber recibido supuestos sobornos durante su gestión como Gobernador de Cajamarca entre los años 2011 y 2014. Sin haberse tomado en la sentencia expedida por el Juez Guillermo Huamán Salas del Primer Juzgado Penal Colegiado permanente Especializado en Crimen Organizado, aspectos primordiales como: la no existencia de desbalance patrimonial, que las obras cuestionadas pasaron el peritaje correspondiente, siguen funcionando y no fueron objeto de sobrevaloración o deficiencias en su construcción, sentencia que ahora es materia de un recurso de apelación. Resaltar también que los procesos judiciales instaurados al líder social se hicieron viables a partir del Conflicto entre el Gobierno Regional de Cajamarca liderado por Gregorio Santos Guerrero, que entre sus políticas institucionales se encontraba la de un nuevo modelo de desarrollo y sostenible priorizando el bienestar humano para la Región Cajamarca, lo que conllevo a DECLARAR de Interés Público Regional la conservación, protección e intangibilidad de las cabeceras de cuenca en toda la jurisdicción de la región Cajamarca, en armonía con los planes nacionales y regionales de desarrollo sostenible. Y por ende la inviabilidad la Ejecución del proyecto “CONGA” mediante Ordenanza Regional N° 036-2011.GR.CAJ-CR publicado en el Diario Oficial el Peruano el 28 de diciembre de 2011[6], contra el Gobierno Central a cargo de Ollanta Humala en su condición de Presidente de la república, quien tuvo un acuerdo político de respaldo a las empresas mineras como el caso de Minera Yanacocha, de propiedad de Buenaventura y la estadounidense Newmont quien tiene en sus manos el Proyecto Minero Conga, viéndose en Conga el piloto que definiría la viabilidad de varios otros proyectos controversiales en Cajamarca y en el país en el contexto de un Gobierno nacionalista, y que buscaba restablecer la hegemonía del modelo extractivista en el país, conflicto que además conllevo a la congelación ilegal de los fondos del Gobierno Regional de Cajamarca.

Y ahora no es casual que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a través de la Ministra Susana Vilca haya indicado en medios de comunicación como canal N, que no se ha descartado impulsar la reactivación de los proyectos mineros como es el de Conga en Cajamarca y Tía María en Arequipa al afirmar que dichos proyectos “tienen que darse en algún momento”, debido a que el país requiere de recursos económicos para afrontar el impacto de la pandemia del coronavirus. Y se retomarían previo entendimiento del entorno donde se desarrollan[7].

La captura y traslado a un centro penitenciario del líder político y social, se ha dado en momentos de plena pandemia producto del COVID-19 que se ha evidenciado en el Gobierno de Martín Vizcarra aliado de los grandes grupos de poder económico entre ellos la CONFIEP, las serias limitaciones del sistema de salud, que viene caracterizado por su segmentación y exclusión social, su fragmentación social organizacional, débil rectoría y centralización geográfica de recursos y capacidades, la débil regularización del sector privado, que ha llevado a una excesiva mercantilización de la salud, y al encarecimiento progresivo y abusivo de la atención. La insidiosa privatización de la seguridad social, la compra de servicios privados por el sector público la cooptación gubernamental por parte de intereses privados conviven con un mercado oligopólico[8].  Así como la corrupción a gran escala en relación al programa Reactiva Perú, y el hacinamiento carcelario.

– Vladimir Cerrón Rojas: Gobernador Regional de Junín quien se encuentra por ahora suspendido en sus funciones por una sentencia judicial que ordena contra él prisión efectiva de 4 años y 8 meses por el delito de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo contra la administración pública, por supuestamente haberse interesado de manera directa e indebida en la ampliación del plazo N° 03 de la obra Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de la Oroya, con la finalidad de favorecer al consorcio Altiplano en la suma de S/. 850, 000. Sin haberse tomado en cuenta por parte del Quinto Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín aspectos como el cumplimiento de obligaciones derivadas de un proceso de conciliación para el pago de adicionales llevada a cabo por el Procurador Público del Gobierno Regional de Junín y la empresa contratista[9], donde se reconoció el pago en mérito al informe técnico-legal correspondiente. Siendo dicha sentencia arbitraria y completamente privada de sustento probatorio como afirmará el Dr. Jordi Ferrer Beltrán profesor Titular de la Universidad de Girona[10] en su INFORME ACERCA DEL RAZONAMIENTO PROBATORIO DE LA SENTENCIA 041-2019-5JUP/CSJJU (EXPEDIENTE Nº 01122-2018-27-1501-JR-PE-05) POR LA QUE SE CONDENA, ENTRE OTROS, COMO AUTOR DEL DELITO DE NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE A D. VLADIMIR ROY CERRÓN ROJAS. Sentencia que ha sido materia del Recurso de Apelación respectivo. Mencionar que el proceso judicial que se le instaura se da a partir de sus viajes a Venezuela y de estrechar relaciones entre el Gobierno Regional de Junín y el Gobierno Bolivariano de Venezuela que tiene como paradigma la sociedad socialista del siglo XXI, por haber impulsado la unidad de izquierda con Voces del Cambio, haber inscrito un partido de alcance nacional y lograr con la simpatía popular en busca de espacios nacionales de poder.

– Walter Aduviri Calisaya Gobernador Regional de Puno suspendido de sus funciones por haber sido supuestamente culpable de ser coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública en su modalidad de delitos contra la Paz Pública, en su forma de disturbios, durante las acciones ocurridas en el “AIMARAZO” del año 2011, quien cumple condena efectiva de 6 años de prisión preventiva de la libertad en el penal de Yanamayo (Puno). Sentencia de segunda Instancia que se encuentra en casación en la Corte Suprema de Justicia de la República. Recordar que el “Aymarazo” fue un conflicto socioambiental que surgió por el contundente rechazo de los pueblos de Puno contra el proyecto minero Santa Anade la empresa canadiense Bear Creek, que buscaba extraer más de 60 millones de onzas de plata mediante la modalidad de tajo abierto, lo que afectaría gravemente las tierras de cultivo aledañas, la reserva cultural y ambiental Aymara-Lupaca y, sobre todo, las aguas del lago Titicaca y de sus principales afluentes. Además, en esta protesta también se defendieron los intereses nacionales, al exigirse la derogación del irregular D.S. 083-2007-EM emitido por el gobierno de Alan García, que declaraba este proyecto minero de “necesidad pública” para así posibilitar su entrega a la indicada empresa, pasando por alto la prohibición contenida en el artículo 71 de la Constitución de entregar a los extranjeros derechos sobre tierras de la comunidad indígena y recursos naturales dentro de los 50 km de frontera. Protesta social que se criminalizó a través de la persecución política y judicial del líder indígena de origen aymara, tratando de asociar a los movimientos indígenas y regionales con organizaciones criminales[11].

La reorganización del aparato judicial se ha producido con la desactivación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) con la inhabilitación de sus miembros y el cuestionamiento de jueces y fiscales, tal es así, que del estudio denominado “Corrupción en el sistema de justicia: Caso Los Cuellos Blancos del Puerto”, elaborado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos (PPEDC) se precisa que, del total de magistrados procesados, 61 jueces y 15 fiscales son investigados por supuestos vínculos con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, teniendo como sus principales investigados el ex juez supremo César Hinostroza, el expresidente de la Corte Superior del callao Walter Ríos Montalvo, los ex miembros del CNM Iván Noguera, Julio Gutiérrez, Guido Águila[12], entre otros altos funcionarios. Y a su vez, se presenta el protagonismo extremo del Fiscal Walther Delgado Tovar cuestionado por su estrecho vínculos con el ex juez supremo César Hinostroza[13]. Lo que ha conllevado, a la creación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) encargada de nombrar y ratificar a Jueces y fiscales, y ¿Quiénes eligen a los miembros de la JNJ? A diferencia de la elección de consejeros del extinto CNM, a los miembros de la JNJ los elige una Comisión Especial encabezada por el Defensor del Pueblo y compuesta por seis miembros más: el presidente del Poder Judicial, la Fiscal de la Nación, el Contralor General, el presidente del Tribunal Constitucional y los rectores de la Universidad Nacional de Ingeniería y de la Universidad de Piura. Siendo un aspecto a tomar en cuenta es el que está relacionado a la conformación de la Comisión Especial es que el nombramiento en el cargo de algunos de sus miembros es político: el presidente del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República. En todos los casos es el Congreso de la República quien los elige. Elige a los miembros del Tribunal Constitucional de donde saldrá elegido su presidente; elige y remueve al Defensor del Pueblo con el voto de los dos tercios de su número legal; y, por último, a través de su Comisión Permanente, también designa al Contralor General, a propuesta del Presidente de la República. Como vemos, la forma de elección de estos miembros de la Comisión Especial en sus cargos depende del Congreso. Esto toma mayor relevancia dada la composición de la red de corrupción mostrada en la investigación de los “CNMaudios”, en donde – por ejemplo – el juez supremo Hinostroza Pariachi “coordinaba” con consejeros del CNM y estos a su vez con congresistas de Fuerza Popular, o en donde empresarios como Mario Mendoza, previa coordinación con consejeros del CNM y jueces, coordinaba reuniones y visitas con congresistas del Partido Aprista[14]. Haciéndose ostensible así también que al ser un órgano quiérase o no político, subrepticiamente tendrá por finalidad también de retirar de sus funciones a jueces y fiscales incómodos, reemplazándolos con otros magistrados y fiscales que resulten supeditados a los intereses del gobierno de turno y sobre todo de los grupos de poder económico, y éstos puedan a la vez en esta estrategia político-jurídico inmovilizar políticamente a los líderes de izquierda al tratar de equipararlos a delincuentes comunes, sentenciarlos e inhabilitarlos electoralmente. Esta injerencia por parte del aparato judicial en asuntos políticos anula la independencia judicial por su consiente politización, y provoca la desaparición de la división de poderes que sustenta el Estado Constitucional de Derecho.

El doble rasero de la ley si bien han salido a la luz varios casos de corrupción de grandes grupos de poder económico como es el caso de corporaciones como Odebrech y sus socios peruanos Graña y Montero (GyM), JJ Camet e ICCGSA así también el Club de los Constructores quienes a través de sus representantes como Camet Piccone, Castillo Dibós, Ferraro Rey y José Graña Miró Quesada por citar ejemplos[15]: operaron en un sistema de captura corporativa del Estado basado en una red de influencias, recurriendo tanto a mecanismos legales como dudosos y corruptos, para lograr influencias excesivas e indebidas que los privilegiaron y favorecieron, obteniendo altas tasas de ganancia y adjudicándose más proyectos de obras públicas y concesiones[16], así también a los ex presidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, ya que tales hechos ocurrieron durante sus gobiernos no se los investiga con la celeridad que amerita el caso, para la determinación de responsabilidad constitucional de Presidentes de la República y ministros involucrados así también la responsabilidad administrativa, funcional y penal de los funcionarios, servidores públicos y particulares involucrados, llegando a invisibilizarlos. Sino que se privilegia la persecución judicial de los líderes populares y de izquierda como Gregorio Santos Guerrero, Vladimir Cerrón Rojas y Walter Aduviri Calisaya opositores al modelo neoliberal.

Sobre los medios de comunicación masivos y concentrados

El gobierno de Turno supeditado a los grupos de poder económico en connivencia con los grandes medios de comunicación en la guerra mediático-judicial, a través de una agenda periodística en la cual la estigmatización del adversario político es una práctica constante, se lleva a cabo, con la finalidad de manipular a la opinión pública, deslegitimando y manchando la imagen pública de los dirigentes de izquierda opositores al modelo neoliberal y tratar de paralizarlos políticamente para que no puedan perseguir sus objetivos de unidad, ni presentar sus candidaturas a cargos de elección popular. Invisibilizando o minimizando así también las prácticas colusivas y corruptas de negocios de las grandes corporaciones quienes a través de toda clase de instrumentos legales e ilegales han capturado al Estado peruano en contubernio con los gobiernos de turno de derecha como fuera el caso de los Gobiernos de Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski.

Por último consideramos que tenemos que informarnos del tema, para conocer más de cerca de este fenómeno y el modo en que opera el Lawfare, en el país contra líderes de izquierda que son opositores al modelo neoliberal y que es coincidente con la judicialización de la política llevada a cabo contra líderes progresistas y de izquierda de América Latina, y poder utilizar así la sana crítica ante la desinformación.

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[1] Ver: Lawfare. La judicialización de la política en América Latina. En: https://www.celag.org/wp-content/uploads/2017/03/LawfareT.pdf

[2] Ver: Lawfare, el uso del sistema como arma de guerra política y económica. En: https://www.alainet.org/es/articulo/201688

[3] Ver: Lawfare. La judicialización de la política en América Latina. En: https://www.celag.org/wp-content/uploads/2017/03/LawfareT.pdf

 

[4] Ver: Concentración mediática: Grupo el Comercio. En: http://congreso.pucp.edu.pe/alaic2014/medios-de-comunicacion-en-el-peru/

[5] Ver: Grupo El Comercio: Un pulpo de los medios de comunicación. En: https://revistaideele.com/ideele/content/grupo-el-comercio-un-pulpo-de-los-medios-de-comunicaci%C3%B3n

[6] Ver publicación del Diario Oficial el Peruano en: https://busquedas.elperuano.pe/download/url/declaran-de-interes-publico-regional-la-conservacion-protec-ordenanza-n-036-2011-grcaj-cr-733161-1

[7] Ver: Ministra de Energía y Minas sobre Tía María y Conga: Tienen que darse en algún momento. Ver: https://canaln.pe/actualidad/ministra-energia-y-minas-sobre-tia-maria-y-conga-tienen-que-darse-algun-momento-n414206

[8] Carlos Bardález del Águila: Los límites de la respuesta pública frente al COVID-19. En revista Quehacer.  Ver: http://revistaquehacer.pe/n5

[9] Ver: Vladimir Cerrón aseguró que sentencia en su contra nos es más que “la expresión de la lucha de clases”. En: https://redaccion.lamula.pe/2019/08/07/vladimir-cerron-aseguro-que-sentencia-en-su-contra-no-es-mas-que-la-expresion-de-la-lucha-de-clases/redaccionmulera/

[10] Jordi Ferrer Beltrán: INFORME ACERCA DEL RAZONAMIENTO PROBATORIO DE LA SENTENCIA 041-2019-5JUP/CSJJU (EXPEDIENTE Nº 01122-2018-27-1501-JR-PE-05) POR LA QUE SE CONDENA, ENTRE OTROS, COMO AUTOR DEL DELITO DE NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE A D. VLADIMIR ROY CERRÓN ROJAS. En: https://perulibre.com.pe/main.php/noticias/id/2019112343_jurista_espanol_opina_sobre_sentencia_a_vladimir_cerron/

[11] Ver: Detención de gobernador indígena aymara de la región Puno es un grave atentado contra los derechos de los pueblos indígenas y la democracia peruana. En: https://www.cna.org.pe/detencion-walter-aduviri-gobernador-indigena-aymara-la-region-puno-grave-atentado-los-derechos-los-pueblos-indigenas-la-democracia-peruana/

[12] Ver: Los Cuellos Blancos del Puerto: Hay más de 300 jueces y fiscales investigados por corrupción. En: https://gestion.pe/peru/politica/los-cuellos-blancos-del-puerto-hay-mas-de-300-jueces-y-fiscales-investigados-por-corrupcion-cnm-audios-nndc-noticia/?ref=gesr

[13] Ver: Revelan audio entre Hinostroza y un fiscal anticorrupción. En: https://andina.pe/agencia/noticia-revelan-audio-entre-hinostroza-y-un-fiscal-anticorrupcion-719985.aspx

[14] Ver: Elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia: ¿crónica de una muerte anunciada?. En: https://idl.org.pe/eleccion-de-los-miembros-de-la-junta-nacional-de-justicia-cronica-de-una-muerte-anunciada/

[15]Ver: Poder Judicial deja en libertad a todos los empresarios asociados con Odebrecht. En: https://redaccion.lamula.pe/2018/04/03/poder-judicial-deja-en-libertad-a-todos-los-empresarios-asociados-con-odebrecht/lumasap/

[16] Francisco Durand: “ODEBRECHT: La empresa que capturaba Gobiernos”. Primera reimpresión de la primera edición: marzo de 2019. Fondo Editorial PUCP. Lima. Pág. 16.

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