EL ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS OLVIDADOS DE SIEMPRE

EL ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS OLVIDADOS DE SIEMPRE

POR : CARLOS SAMANAMUD

No es novedad las falencias nacionales que vivimos frente a la pandemia COVID-19, tampoco las grandes debilidades de los alcaldes, la falta de liderazgo y estrategias se han dado de notar en muchas partes del país. La actual situación exige a los gobernantes locales tener una visión humanitaria y el conocimiento adecuado sobre los grandes problemas que se encuentran encuentra en cada jurisdicción a su responsabilidad. Sin embargo, esto se hace brillar por la ausencia.

En muchos gobiernos locales, el trabajo fundamental de tener empadronados a los adultos mayores y personas con discapacidad no ha sido de interés de quienes ganaron las elecciones. Se carece de gente especializada en el manejo de la información y estadística que el INEI tiene colgada en su portal y otras informaciones que deben ser recogidas de manera directa y permanente. Así ¿Cómo se pueden tomar buenas decisiones?

Muchos de los cargos y trabajos en los gobiernos locales, han sido ocupados por los amigos de los alcaldes que más que especialistas en  gestión social, han llegado por compensación al apoyo de las campañas electorales, es por eso que inunda la incapacidad que vemos en muchos municipios. Pero lo peor es que se  está dejando solos a las personas más vulnerables.

En esta crisis queda claro que las autoridades de las mayorías de distritos y provincias, incluso  gobiernos regionales sólo están haciendo un copy/page de sus planes y estrategias de otros lados, sin haber analizado, planificado y considerado las realidades locales y las especificidades de sus conciudadanos.

Conociendo esta triste situación, preveremos que el resultado será el sufrimiento de las personas con discapacidad y los adultos mayores, en situación de pobreza, personas que en condiciones previas a la pandemia ya eran vulnerables.

En ejemplo es la región Lima (Provincias) son aproximadamente 101, 500 personas con discapacidad empadronados y seguramente faltan otros más. Los municipios que debieron haber generado los empadronamientos a partir de  su unidad local de empadronamiento (ULE) no han realizado el trabajo de actualización total. La mayoría sólo se han dedicado a repetir la misma relación de empadronados de hace 3 años, a más. Por culpa de la desactualización de los padrones, las ayudas y los bonos no están llegando a los más vulnerables.

Apena ver con desesperación a muchas madres de familia  que no pueden sostener la sobrevivencia de sus hijos con discapacidad en esta pandemia. La comida les escasea. Los gobiernos locales creen que con darles una bolsa de “80 soles” ya es suficiente para toda la pandemia. Saben que esas personas necesitan medicinas, terapias, y una dedicación especial como lo han venido haciendo los CEBES. Sin embargo no les interesa. Y piensan que les hacen un favor y no reconocen que es su deber como funcionarios públicos destinados a ese sector.

Si el MIDIS ha entregado el registro de PCD, y alrededor de 600 municipios a nivel nacional solo lo han descargado dicho padrón, es urgente la aplicación de las políticas sociales nacionales para una recomposición de la distribución de los recursos y darles atención, pues sus vidas corren peligro.

El gobierno nacional hace un mes que mediante decreto supremo Nº 005-2020-MIDIS  ha autorizado la transferencia de partidas presupuestales y asimismo se ha autorizado la modificación presupuestal del POI de los gobiernos regionales y locales para crear una RED de SOPORTE que incluye VISITAS DOMICILARIAS para las personas adultas mayores y también para las personas con discapacidad, de modo que se fortalezca el cuidado de las personas más vulnerables; sin embargo, la pregunta es ¿los municipios locales provinciales tienen la capacidad para poder atender y crear esta red de soporte? ¿Sabrán los municipios cuales son los profesionales adecuados para este trabajo o seguirán usando a su personal de todas las áreas?

“Zapatero a su zapato” rima una frase muy importante en estos momentos, y es que a pesar de la predisposición de los colegio profesionales de trabajadoras sociales y el colegio de sociólogos, el recelo político puede más que el deber brindar adecuada atención a los beneficiarios, esto ya ha sido comprobado cuando muchas municipalidades en todo el país, dieron luz verde, para un nuevo empadronamiento para la entrega de los víveres – con presupuesto del gobierno central – y los alcaldes sólo convocaron a su personal de las distintas áreas, de modo que se observó a ingenieros, fiscalizadores o técnicos de sistemas, realizando los empadronamientos, donde los beneficiarios terminaron siendo sus propios familiares y no quienes realmente los necesitaban.

En esta Red de Soporte, que se va implementar, que cuenta con presupuesto, no puede cometerse el mismo error, la incapacidad, ineficiencia y corrupción en tiempos de pandemia son crímenes. Una alternativa necesaria es fortalecer el compromiso con el Colegio Profesional de Trabajo Social y el de Sociólogos, además convocar a las y los estudiantes de los últimos ciclos dichas carreras, implementando un plan de contingencia inmediato para la atención de las personas con discapacidad y los adultos mayores.

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