DESTRUIR LA DICTADURA ECONÓMICA NEOLIBERAL

DESTRUIR LA DICTADURA ECONÓMICA NEOLIBERAL

POR : JAIME LAOS

TERMINANDO CON LAS AFPS Y AVANZANDO EN OTROS RUBROS

El neoliberalismo y su dictadura económica en el Perú, al igual que en todo el mundo, surgió con el robo de las empresas estatales y riquezas nacionales puestas en manos de fondos privados de países capitalistas centrales, como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, España, etc. Supuestamente se “vendieron” con el fin de generar capital para el desarrollo, pero estudios posteriores demuestran una clara subvaloración; una de estas investigaciones señala: “Entre 1990 y 2000 se ejecutaron 228 operaciones de venta, concesión o liquidación de empresas públicas, lo que generó un monto de US$ 9.221. Sin embargo, de esta cantidad solo ingresaron al Tesoro Público US$ 6.445. La diferencia de US$ 2.700 millones se destinó al pago de consultoras, bancos de inversión y a sanear las cuentas de las compañías privatizadas (el Estado asumió todas sus deudas antes de venderlas”.

Recordemos algunos casos ejemplares para entender el robo que se realizó en complicidad con el dictador Fujimori y funcionarios apátridas. Uno de ellos es la compañía envasadora Solgás, de la cual se vendieron el 84% de sus acciones a US$ 7.5 millones en 1992 cuando un año antes había tenido utilidades de US$ 2.9 millones; el operador que compró recuperó su inversión en 3 años y en 1996 vendió el 60% de sus acciones en US$ 39 millones, ganando más de 30 millones. Esta es una prueba irrefutable de la subvaluación fujimorista. En otra ocasión, en 1996, el Estado vendió el 75% de las acciones de la mayor refinería del país en $180 millones, cuando en 1994 la empresa había generado ingresos por $657 millones y utilidades operativas de $ 85 millones. En el rubro de la minería encontramos demás casos notables, en el libro “La Gran Minería: ¿paga los impuestos que debería pagar? El caso Yanacocha” de Raúl Wiener y Juan Torres, pone al descubierto la intervención directa de Vladimiro Montesinos, quien presiona al Poder Judicial para resolver en favor de los americanos y la familia Benavides. En un gobierno transformador, todos estos hechos deberán ser investigados, y los culpables tendrían que ser sancionados por traición a la patria.

De la misma manera, en el año 1992, tras el autogolpe de Alberto Fujimori y el inicio de la dictadura, se publicó el Decreto Ley N°25897, con el cual se creó el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP), conformado por las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP). Como la mayoría de trabajadores se encontraban en el Sistema Nacional de Pensiones, Fujimori decidió ofrecer bonos de traslados de la ONP a las AFP. Con esta medida se logró un traspaso de 1,1 millón de trabajadores al naciente negocio, sin que las AFP pongan un solo dólar para el inicio de la estafa perfecta. Hasta hoy, los aportantes, los dueños legítimos del fondo, nunca han sido consultados ni participan en la toma de dicciones sobre las inversiones realizadas con sus fondos; sin embargo, son lo que cargan en sus cuentas personales el peso de las pérdidas de estas inversiones.

 

 

Actualmente en el Perú existen 7 millones 200 mil afiliados al sistema de pensiones privado y sólo el 40 % son aportantes constantes, el otro 60%, por la falta de estabilidad en el sistema laboral, lo hace de manera itinerante, esto trae como consecuencia pensiones que no permiten llevar una vida digna a los pensionistas. Para poder obtener una pensión de 1000 soles, el salario no debe bajar de 1400 soles mensuales y se debe aportar un tiempo mínimo de 40 años. En el sistema privado la pensión promedio es de 1037 soles, mientras que en la ONP la jubilación máxima es de 892 soles, la diferencia es de 145 soles, no obstante, en el sistema público sólo basta con 20 años de aportación. El único beneficiado es el grupo empresarial que, sin ni un sol propio, invierte año tras año, se distribuye las utilidades y si ganan, el aportante gana lo mino, si pierden, el aportante pierde directamente. Es el negocio o la estafa perfecta de la dictadura económica neoliberal.

 

Los asaltantes en el Perú son: AFP Integra del grupo Sura (Colombia), AFP Prima del grupo Crédicor (familia Romero), AFP Profuturo del grupo Scotiabank (Canadá), AFP Habitat del grupo Inversiones la Construcción (Chile). Estos grupos son los que, en plena crisis sanitaria y en medio del debate por la recuperación del 25%, intentaron dividir sus utilidades. Prohibido olvidar, compatriotas.

La aprobación por parte del Congreso del retiro de fondos de las AFP es, sin duda alguna, un duro golpe a esta forma de usura, pero no es suficiente. Hemos visto como Vizcarra ha intentado darle vuelta a la situación, formando una comisión que busca reformar el sistema. Urresti tuvo que recular de su propuesta inicial porque en la ley aprobada sólo se permite el retiro del 25% a quienes tienen un fondo entre 17.200 y 51.599 soles; si se tiene más, sólo se permite retirar máximo 3 UIT (s/12.900); y si se tiene menos, sólo se puede retirar 1 UIT (s/4.300). El 25% es únicamente un discurso para la tribuna, lo positivo es que existe un consenso de la población para desmontar este tipo de estafas y no permitir a Vizcarra, ni a ningún otro, la implementación de sistemas o modelos similares.

La dictadura nos condenó a ser un estado sin propiedades y sin protección, siendo vulnerables a cualquier cambio político económico mundial. No contamos con seguridad alimentaria (se exportan alimentos quebrando al agricultor nacional, recordemos la huelga de paperos y arroceros en el 2018), seguridad energética (Luz del Sur y Edelnor en manos de chilenos), comunicación y espacio aéreo (en manos de españoles y chilenos). Los sectores estratégicos, que son pilares fundamentales para el desarrollo, están en manos de las grandes empresas o de empresas transnacionales, quienes lucran con la explotación laboral de los peruanos, despojan de su territorio a las comunidades, contaminan y dañan el medio ambiente, y han dejado sin tierra a los campesinos nacionales.

Reformar las AFP a favor de los trabajadores representa un gran paso. Las tareas aún pendientes son recuperar las tierras de los proyectos especiales de irrigación (Majes-Siguas, Chavimochic y Olmos, Chira-Piura, Jequetepeque-Zaña, Chinecas y Pasto Grande, Puyango-Tumbes, Río Cachi y Tacna); fortalecer la banca pública y acabar con la banca privada que roba con las tarjetas de crédito, prestamos e hipotecas; fortalecer el sistema público de salud y educación, garantizando la universalidad de ambos derechos; y no puede haber fin de la dictadura económica neoliberal sin que exista una nueva constitución hecha por el pueblo y para el pueblo.

 

 

 

 

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